Casi siempre que hablamos de este tema, siempre se hace desde una premisa que considero equivocada: que banco y cliente particular se encuentran en una situación de igualdad, y ambos contratan con similar capacidad para valorar sus riesgos y obligarse a lo que consideren oportuno. A mí no me parece que un gran banco y José Español Español sean iguales.
El particular es un consumidor, al que, como se dice siempre, nadie pone una pistola en la cabeza para contratar una hipoteca, pero como tal consumidor sí tiene derecho a que se le ofrezca un contrato libre de clásulas abusivas. Esto se está viendo que no era así, ahora que vienen duras, a nadie se le escapa que protegían los intereses de la banca. ¿Que unas normas que ofreciesen mayor protección al consumidor encarecerían las hipotecas? Por supuesto, y eso era lo último que en la época de vacas gordas desearían los bancos, que estaban haciendo el negocio de su vida.
Luego, está la cuestión de la valoración del riesgo: al que contrata la hipoteca, poco puede exigírsele más que que lo haga con la diligencia de un buen padre de familia, con la previsión de sus posibilidades futuras que una persona de la calle pueda tener. En cambio, la valoración del riesgo es uno de los pilares del negocio bancario: del riesgo del deudor, y de las previsiones económicas (para lo que tienen infinitamente más información y formación que un simple contratante de hipoteca).
Para que se haya alcanzado esta situación, ha habido errores de las distintas administraciones, de los particulares (de algunos, de los que se hipotecaron por encima de sus posibilidades o sobrevalorando sus perspectivas de futuro, a los otros, que pienso que son mayoria, que adquirieron una vivienda que en su momento se podían permitir, y no tenían motivo para prever que eso cambiaría, me cuesta atribuirles error alguno), y, sobre todo, de la banca, que, al fin al cabo, erraron en lo que es su negocio. Los errores de la banca se socializan y los pagan, por supuesto, los ciudadanos. Y a ellos, ¿quien los rescata?
