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El foro de relojes de habla hispana con más tráfico de la Red, donde un reloj es algo más que un objeto que da la hora. Relojes Especiales es el punto de referencia para hablar de relojes de todas las marcas, desde Rolex hasta Seiko, alta relojería, relojes de pulsera y de bolsillo, relojería gruesa y vintages, pero también de estilográficas. Además, disponemos de un foro de compraventa donde podrás encontrar el reloj que buscas al mejor precio. Para poder participar tendrás que registrarte.
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cestommek
Antiguos Moderadores
Sin verificar
Antiguos Moderadores
Pues lo primero que se puede hacer es dejar de quejarse....
da igual que nos suban los impuestos,ya sabremos como eludirlos..somos Españoles...
Si los impuestos que hay,de verdad los pagáramos todos al completo,habria dinero a espuertas...
Para que voy a comprar una camisa Ralf L. en el corte ingles,si la puedo pedir en su web y ahorrarme dinero?o el amigo de un amigo del otro las trae de no se donde a mitad de precio...¿para que comprar un reloj en una relojeria si tengo el foro o ebay?...es que son tantas cosas....
...
...para que voy a poner a mi nombre la subvención de lo que sea ,si la puedo repartir (por ejemplo y en el caso de que los tuviera)a nombre de mis dos,tres hijos o,los que sean?y cotizar menos?...para que comprarme un coche si lo puedo poner como para la empresa y pagar muchísimo menos..
? si fuera médico o dentista y tuviera consulta privada,para que declarar lo que gano si puedo declarar solo por metros de consulta?...
vamos es que hay tantas cosas que no terminaria...
pero eso ya lo sabemos de sobra ¿verdad?
Saludos
da igual que nos suban los impuestos,ya sabremos como eludirlos..somos Españoles...Si los impuestos que hay,de verdad los pagáramos todos al completo,habria dinero a espuertas...
Para que voy a comprar una camisa Ralf L. en el corte ingles,si la puedo pedir en su web y ahorrarme dinero?o el amigo de un amigo del otro las trae de no se donde a mitad de precio...¿para que comprar un reloj en una relojeria si tengo el foro o ebay?...es que son tantas cosas....
......para que voy a poner a mi nombre la subvención de lo que sea ,si la puedo repartir (por ejemplo y en el caso de que los tuviera)a nombre de mis dos,tres hijos o,los que sean?y cotizar menos?...para que comprarme un coche si lo puedo poner como para la empresa y pagar muchísimo menos..
? si fuera médico o dentista y tuviera consulta privada,para que declarar lo que gano si puedo declarar solo por metros de consulta?...vamos es que hay tantas cosas que no terminaria...
pero eso ya lo sabemos de sobra ¿verdad?
Saludos
Quique_A340
Milpostista
Sin verificar
Totalmente de acuerdo, pero tendremos que tener claro que esas instituciones religiosas al día siguiente de aplicarse la norma empezarán a "pasar facturas" de todos los servicios que realizan, como la atención de enfermos, ancianos, niños, indigentes, ... en hospitales, residencias, colegios, centros sociales...
jmborja
Milpostista
Sin verificar
D
dms1
Novat@
Sin verificar
En mi humilde opinión el sistema está viciado, y la solución no pasa por cambiar de partido político pues tan malo es uno como otro. Tal vez un sistema en el que las decisiones tubiesen que tomarse en consenso sin haber pactos nos iría mejor y a su vez crear un comisión independiente que vigile subvenciones, ... porque el caso de los bancos y cajas es muy sangrante. De todos modos sin ánimo de ofender a nadie, cuando una empresa no va bien, o cierra o despide trabajadores y está demostrado que en la administración se pueden optimizar vastantes puestos. Aunque los agujeros más gordos no se forman por pagar los sueldos de los trabajadores sin por otro tipo de "trabajos"
soutebare
Forer@ Senior
Sin verificar
Sólo respecto de esto:
Evidentemente, el control interno se hace por órganos de la propia Administración, de ahí lo de "interno". En España, tenemos, en teoría, un plus de control ya que a parte de los órganos de control externo (OCEX) tales como el Tribunal de Cuentas estatal, y los autonómicos, tenemos los órganos de control interno, la Intervención básicamente, ya sea estatal, autonómica o local. Muchos países no tienen control interno, y el nuestro sí.
Las funciones del control interno (Intervención y Auditoría) son el control de legalidad, el control financiero y la auditoría, ya sea de financiera, de regularidad contable, operativa,... A parte de esto, las Intervenciones son los Centros Directivos responsables de la contabilidad pública, hecho que está íntimamente relacionado con lo anterior, sólo de quien depende el visto bueno de un gasto o la toma de razón de un ingreso puede contabilizarlo.
En resumen, que dichas funciones son esenciales, y no pueden realizarse por órganos externos a la Administración. El control externo es necesario, pero no tiene ese matiz de gestión (que se ve en la fiscalización y contabilización de cada expediente de gasto e ingreso). Por ello, suprimir el control interno no garantiza más control del gasto público, sino más bien, todo lo contrario.
Saludos!
fagus
Habitual
Sin verificar
Pues lo primero que se puede hacer es dejar de quejarse....
Si los impuestos que hay,de verdad los pagáramos todos al completo,habria dinero a espuertas...
Para que voy a comprar una camisa Ralf L. en el corte ingles,si la puedo pedir en su web y ahorrarme dinero?o el amigo de un amigo del otro las trae de no se donde a mitad de precio...¿para que comprar un reloj en una relojeria si tengo el foro o ebay?...es que son tantas cosas....
...para que voy a poner a mi nombre la subvención de lo que sea ,si la puedo repartir (por ejemplo y en el caso de que los tuviera)a nombre de mis dos,tres hijos o,los que sean?y cotizar menos?...para que comprarme un coche si lo puedo poner como para la empresa y pagar muchísimo menos..
vamos es que hay tantas cosas que no terminaria...
pero eso ya lo sabemos de sobra ¿verdad?
Saludos
:Uno de los grandes problemas de la economía española es que aquí sólo pagamos, por todo, los que trabajamos en alguna gran empresa y sujetos a una nómina. Raro es el sector, sobre todo entre las pymes, en el que de una forma u otra no se "deducen" impuestos....
El móvil que se aplica como gasto deducible, el coche, las facturas de los restaurantes y su IVA.....etc, etc.....
Mientras se siga viendo como un "heroe" al que defrauda y no como un villano, España seguirá siendo un "país de pandereta". Triste, pero real como la vida misma.
En fin, todos somos culpables y todos inocentes.
jorgeexeva
Milpostista
Sin verificar
Esto se ha propuesto por los técnicos de la Administración a sus políticos.
1. Una reforma profunda del sector público y un compromiso de colaboración
entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para
racionalizar y simplificar la estructura administrativa, eliminando los múltiples
servicios y entidades que implican disfunciones y duplicidades en el gasto
público.
2. Revisión integral del modelo de financiación territorial, tanto autonómico como
local, que supedite la entrega de recursos al cumplimiento de objetivos de
eficiencia, fundamentalmente en el ámbito de la sanidad pública.
Modificación del régimen de entregas a cuenta de la liquidación definitiva del
sistema de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
de forma que dichas entregas se puedan ir ajustando a lo largo del ejercicio en
función de la evolución real de la recaudación por IVA, IRPF e Impuestos
Especiales. De esta forma se evitaría que se repita lo sucedido en 2008 y 2009
en los que el Estado ha adelantado en exceso alrededor de 22.000 millones de
euros a las Haciendas territoriales, lo que ha provocado una notable expansión
del gasto por encima de las posibilidades del sistema de financiación
autonómico y local.
3. La imposición de estudios económicos adecuados y suficientes para justificar los
importes que está comprometiendo el Estado en contratos-programa y
convenios con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Se propone
una modificación de la Ley General Presupuestaria para que tales instrumentos
y sus memorias económicas justificativas se publiquen en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Reforma profunda de las Leyes de estabilidad presupuestaria que prevea la
imposición efectiva de sanciones a las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales que incumplan los objetivos de estabilidad
presupuestaria. Adicionalmente, se deberían establecer límites de
endeudamiento anuales a las Comunidades Autónomas, que además deberían
ajustar la elaboración de sus presupuestos al mismo procedimiento que rige
actualmente en el Estado. Esto supondría incorporar la figura del techo de
gasto no financiero y un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
para imprevistos.
1. Una reforma profunda del sector público y un compromiso de colaboración
entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para
racionalizar y simplificar la estructura administrativa, eliminando los múltiples
servicios y entidades que implican disfunciones y duplicidades en el gasto
público.
2. Revisión integral del modelo de financiación territorial, tanto autonómico como
local, que supedite la entrega de recursos al cumplimiento de objetivos de
eficiencia, fundamentalmente en el ámbito de la sanidad pública.
Modificación del régimen de entregas a cuenta de la liquidación definitiva del
sistema de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
de forma que dichas entregas se puedan ir ajustando a lo largo del ejercicio en
función de la evolución real de la recaudación por IVA, IRPF e Impuestos
Especiales. De esta forma se evitaría que se repita lo sucedido en 2008 y 2009
en los que el Estado ha adelantado en exceso alrededor de 22.000 millones de
euros a las Haciendas territoriales, lo que ha provocado una notable expansión
del gasto por encima de las posibilidades del sistema de financiación
autonómico y local.
3. La imposición de estudios económicos adecuados y suficientes para justificar los
importes que está comprometiendo el Estado en contratos-programa y
convenios con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Se propone
una modificación de la Ley General Presupuestaria para que tales instrumentos
y sus memorias económicas justificativas se publiquen en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Reforma profunda de las Leyes de estabilidad presupuestaria que prevea la
imposición efectiva de sanciones a las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales que incumplan los objetivos de estabilidad
presupuestaria. Adicionalmente, se deberían establecer límites de
endeudamiento anuales a las Comunidades Autónomas, que además deberían
ajustar la elaboración de sus presupuestos al mismo procedimiento que rige
actualmente en el Estado. Esto supondría incorporar la figura del techo de
gasto no financiero y un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
para imprevistos.
5. Revisión de la estructura del control interno de la Administración que recupere
la realización de auditorías operativas al objeto de poner de manifiesto la
eficacia y eficiencia de los programas presupuestarios y los Planes estratégicos
de subvenciones. Este tipo de controles es absolutamente necesario para
determinar el grado de eficacia y eficiencia de las diferentes políticas públicas, lo
que ha de ser tenido en cuenta en la asignación de los créditos del Presupuesto
para identificar las causas por las que se producen ineficiencias y proponer las
correspondientes medidas correctoras.
6. Una revisión integral de las políticas de gasto que tienen como objeto principal
el otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, de modo que éstas se
otorguen únicamente en casos suficientemente justificados y siempre que no
produzcan efectos distorsionadores en el mercado. A este fin, debería
desarrollarse plenamente un modelo de planificación estratégica de
subvenciones que fuera analizado con rigor por los órganos de control interno
y externo, de modo que a la luz de las desviaciones y de los efectos derivados
de la ejecución de esos planes, se acordara, en su caso, la eliminación o
reducción de los programas presupuestarios destinados a estos fines.
Asimismo, se propone una modificación del régimen jurídico de las
subvenciones y ayudas públicas con el objetivo de establecer un límite general
de subvencionalidad de las actividades que se financien. Además, para dotar de
mayor transparencia a la gestión de subvenciones, todos los organismos y
entidades públicas, a efectos informativos, deberían publicar en sus páginas web
un perfil de las subvenciones y ayudas públicas que gestionen.
7. Un programa de racionalización y optimización del gasto corriente, de modo
que se adopten medidas encaminadas a lograr ahorros efectivos en gastos
generales. Para ello, debería aprobarse un plan inmediato de ahorro basado en
objetivos económicos, de modo que en un plazo de cinco años, pueda
ahorrarse en torno al 15 por ciento del gasto de Capítulo 2. En esta dirección,
debería desarrollarse en toda su intensidad un proceso decidido de
telematización de los procedimientos administrativos que busque ahorros
efectivos, además de mejoras en la prestación de servicios públicos. Además,
deberían explorarse todas las vías que existen actualmente en la nueva Ley de
Contratos (acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, centrales de
compras, subastas electrónicas) para satisfacer de manera más eficiente las
necesidades de interés general que se persiguen.
8. Mayor control de la externalización de servicios por parte de la
Administración, de forma que sólo se contraten externamente aquellos para los
que realmente la Administración carece de medios materiales y humanos.
Actualmente se está produciendo un abuso en el recurso a la contratación
externa para la realización, incluso, de tareas burocráticas y administrativas que
son inherentes a los procedimientos administrativos, esta circunstancia está
provocando además que en virtud de sentencias judiciales el personal de las
empresas contratistas se acaben convirtiendo en personal laboral de la
Administración. Este hecho ha sido puesto de manifiesto, entre otros, por el
Tribunal de Cuentas en la Moción que con fecha de 26 de febrero de 2009
elevó a las Cortes Generales
la realización de auditorías operativas al objeto de poner de manifiesto la
eficacia y eficiencia de los programas presupuestarios y los Planes estratégicos
de subvenciones. Este tipo de controles es absolutamente necesario para
determinar el grado de eficacia y eficiencia de las diferentes políticas públicas, lo
que ha de ser tenido en cuenta en la asignación de los créditos del Presupuesto
para identificar las causas por las que se producen ineficiencias y proponer las
correspondientes medidas correctoras.
6. Una revisión integral de las políticas de gasto que tienen como objeto principal
el otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, de modo que éstas se
otorguen únicamente en casos suficientemente justificados y siempre que no
produzcan efectos distorsionadores en el mercado. A este fin, debería
desarrollarse plenamente un modelo de planificación estratégica de
subvenciones que fuera analizado con rigor por los órganos de control interno
y externo, de modo que a la luz de las desviaciones y de los efectos derivados
de la ejecución de esos planes, se acordara, en su caso, la eliminación o
reducción de los programas presupuestarios destinados a estos fines.
Asimismo, se propone una modificación del régimen jurídico de las
subvenciones y ayudas públicas con el objetivo de establecer un límite general
de subvencionalidad de las actividades que se financien. Además, para dotar de
mayor transparencia a la gestión de subvenciones, todos los organismos y
entidades públicas, a efectos informativos, deberían publicar en sus páginas web
un perfil de las subvenciones y ayudas públicas que gestionen.
7. Un programa de racionalización y optimización del gasto corriente, de modo
que se adopten medidas encaminadas a lograr ahorros efectivos en gastos
generales. Para ello, debería aprobarse un plan inmediato de ahorro basado en
objetivos económicos, de modo que en un plazo de cinco años, pueda
ahorrarse en torno al 15 por ciento del gasto de Capítulo 2. En esta dirección,
debería desarrollarse en toda su intensidad un proceso decidido de
telematización de los procedimientos administrativos que busque ahorros
efectivos, además de mejoras en la prestación de servicios públicos. Además,
deberían explorarse todas las vías que existen actualmente en la nueva Ley de
Contratos (acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, centrales de
compras, subastas electrónicas) para satisfacer de manera más eficiente las
necesidades de interés general que se persiguen.
8. Mayor control de la externalización de servicios por parte de la
Administración, de forma que sólo se contraten externamente aquellos para los
que realmente la Administración carece de medios materiales y humanos.
Actualmente se está produciendo un abuso en el recurso a la contratación
externa para la realización, incluso, de tareas burocráticas y administrativas que
son inherentes a los procedimientos administrativos, esta circunstancia está
provocando además que en virtud de sentencias judiciales el personal de las
empresas contratistas se acaben convirtiendo en personal laboral de la
Administración. Este hecho ha sido puesto de manifiesto, entre otros, por el
Tribunal de Cuentas en la Moción que con fecha de 26 de febrero de 2009
elevó a las Cortes Generales
9. Implementación de un plan de control de la contratación del sector público que
analice fundamentalmente el proceso de determinación de los valores de los
contratos y la ejecución, fundamentalmente para prevenir los excesos que
actualmente se producen en la modificación de los contratos.
10. Una reforma de la LOFAGE que limite el número de Ministerios. Habida cuenta
que España, a diferencia de otros países, no tiene una limitación constitucional
de Departamentos ministeriales, debería imponerse por Ley ordinaria un
número máximo de Ministerios, cualquiera que sea la situación o coyuntura
socioeconómica.
11. Eliminación de los Ministerios de Vivienda e Igualdad mediante su trasformación
en Direcciones Generales
Eliminación de los Ministerios de Educación y Sanidad mediante su
trasformación de sendas Secretarías de Estado que pasarían a depender de una
Vicepresidencia del Gobierno. Es necesario destacar que con la trasferencia de
educación y sanidad a las CCAA, las competencias del Estado en estas materias
son fundamentalmente de tipo político, no de gestión, concretándose
básicamente en la regulación normativa y la coordinación de la actividad de las
Comunidades Autónomas. Esta circunstancia es la que aconseja que las
competencias del Estado en estas materias se ejerzan por una de las 3
Vicepresidencias existentes.
12. Un plan de racionalización y optimización del sector público empresarial y
fundacional así como de los consorcios interadministrativos, que culmine el
proceso de privatizaciones paralizado en los últimos años y elimine aquellas
entidades cuya razón de ser institucional o económica carezca de utilidad o
racionalidad. A este fin, todas las entidades que se hallen en situación de
desequilibrio económico-financiero vendrán obligadas a presentar un plan de
reequilibrio que deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y
Hacienda. Si como resultado de la ejecución de ese plan, la empresa pública o la
fundación estatal no alcanzase los objetivos de retorno a la senda de equilibrio
establecidos en el plan, se procedería a la intervención preventiva de la entidad
por el Ministerio de Economía y Hacienda por el tiempo que fuera preciso para
adoptar las medidas necesarias para reducir el gasto o incrementar
eficientemente los ingresos.
13. La eliminación progresiva de los fondos sin o con personalidad jurídica, que han
proliferado en los últimos años, con la finalidad en muchos de los casos de huir
de los sistemas de control previstos en la legislación presupuestaria. En
particular, la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
FROB, debería someterse a las reglas presupuestarias y de control previstas en
la legislación vigente, ya que el Real Decreto Ley que regula este instrumento
excluyó por primera vez en la historia de nuestro país a un fondo público del
control de los órganos competentes para llevarlo a cabo. En último extremo, si
hubieran de seguir constituyéndose fondos, debería exigirse un estudio previo
de viabilidad y eficiencia financiera que descartase la utilización de estos
instrumentos en caso en que se evidenciase que son manifiestamente
ineficientes.
analice fundamentalmente el proceso de determinación de los valores de los
contratos y la ejecución, fundamentalmente para prevenir los excesos que
actualmente se producen en la modificación de los contratos.
10. Una reforma de la LOFAGE que limite el número de Ministerios. Habida cuenta
que España, a diferencia de otros países, no tiene una limitación constitucional
de Departamentos ministeriales, debería imponerse por Ley ordinaria un
número máximo de Ministerios, cualquiera que sea la situación o coyuntura
socioeconómica.
11. Eliminación de los Ministerios de Vivienda e Igualdad mediante su trasformación
en Direcciones Generales
Eliminación de los Ministerios de Educación y Sanidad mediante su
trasformación de sendas Secretarías de Estado que pasarían a depender de una
Vicepresidencia del Gobierno. Es necesario destacar que con la trasferencia de
educación y sanidad a las CCAA, las competencias del Estado en estas materias
son fundamentalmente de tipo político, no de gestión, concretándose
básicamente en la regulación normativa y la coordinación de la actividad de las
Comunidades Autónomas. Esta circunstancia es la que aconseja que las
competencias del Estado en estas materias se ejerzan por una de las 3
Vicepresidencias existentes.
12. Un plan de racionalización y optimización del sector público empresarial y
fundacional así como de los consorcios interadministrativos, que culmine el
proceso de privatizaciones paralizado en los últimos años y elimine aquellas
entidades cuya razón de ser institucional o económica carezca de utilidad o
racionalidad. A este fin, todas las entidades que se hallen en situación de
desequilibrio económico-financiero vendrán obligadas a presentar un plan de
reequilibrio que deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y
Hacienda. Si como resultado de la ejecución de ese plan, la empresa pública o la
fundación estatal no alcanzase los objetivos de retorno a la senda de equilibrio
establecidos en el plan, se procedería a la intervención preventiva de la entidad
por el Ministerio de Economía y Hacienda por el tiempo que fuera preciso para
adoptar las medidas necesarias para reducir el gasto o incrementar
eficientemente los ingresos.
13. La eliminación progresiva de los fondos sin o con personalidad jurídica, que han
proliferado en los últimos años, con la finalidad en muchos de los casos de huir
de los sistemas de control previstos en la legislación presupuestaria. En
particular, la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
FROB, debería someterse a las reglas presupuestarias y de control previstas en
la legislación vigente, ya que el Real Decreto Ley que regula este instrumento
excluyó por primera vez en la historia de nuestro país a un fondo público del
control de los órganos competentes para llevarlo a cabo. En último extremo, si
hubieran de seguir constituyéndose fondos, debería exigirse un estudio previo
de viabilidad y eficiencia financiera que descartase la utilización de estos
instrumentos en caso en que se evidenciase que son manifiestamente
ineficientes.
14. Actualmente existen 16 canales de televisión autonómicos. Ninguna de las
televisiones públicas logra financiar con ingresos de mercado más del 50% de
sus costes de producción por lo que recurren sistemáticamente a las
subvenciones y al endeudamiento público.
Hoy por hoy, tanto por la amplísima oferta privada existente, por la existencia
de los 2 canales de RTVE, como por el hecho de que su programación no
contribuye a corregir los posibles fallos del mercado, no se justifica en absoluto
su existencia. Es por ello que estimamos que debería procederse a la
privatización de las cadenas de televisión autonómicas, modificándose si fuese
necesario la normativa audiovisual, salvo en los casos de Comunidades
Autónomas con lengua propia, en las que sólo debería de haber un canal frente
a los dos actuales.
15. Reducción del número de asesores que no sean funcionarios de carrera en
todas las Administraciones Públicas y en todos sus niveles.
televisiones públicas logra financiar con ingresos de mercado más del 50% de
sus costes de producción por lo que recurren sistemáticamente a las
subvenciones y al endeudamiento público.
Hoy por hoy, tanto por la amplísima oferta privada existente, por la existencia
de los 2 canales de RTVE, como por el hecho de que su programación no
contribuye a corregir los posibles fallos del mercado, no se justifica en absoluto
su existencia. Es por ello que estimamos que debería procederse a la
privatización de las cadenas de televisión autonómicas, modificándose si fuese
necesario la normativa audiovisual, salvo en los casos de Comunidades
Autónomas con lengua propia, en las que sólo debería de haber un canal frente
a los dos actuales.
15. Reducción del número de asesores que no sean funcionarios de carrera en
todas las Administraciones Públicas y en todos sus niveles.
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
16. Aumentar la tributación de la SICAV y traspasar las competencias de inspección
de estas sociedades a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
17. Adopción de medidas tendentes a penalizar los paraísos fiscales, como la
imposición de un gravamen para las operaciones con origen o destino en los
mismos.
18. Revisión del sistema de estimación objetiva por módulos, ya que da lugar a la
existencia de fraudes en dicha tributación.
19. Reforzar la figura del delito fiscal.
20. En relación con el Impuesto de Sociedades, se propone reducir los regímenes
privilegiados de tributación con la supresión de los beneficios fiscales. Así
mismo, se procederá al examen de la verdadera tributación por dicho impuesto
de las grandes sociedades, reduciendo el número de deducciones.
21. Establecimiento, a partir de un determinado umbral de patrimonio, de una
declaración censal anual sobre los bienes de las personas físicas, sin necesidad
de ingreso, a los efectos de la mejora de la gestión de los tributos.
22. Modificación de la regulación del IVA en relación con los Regímenes Forales. La
tributación del IVA en el País Vasco y Navarra se hace en origen en lugar de
hacerlo en destino, como en el resto del territorio nacional por lo que se ha de
proceder a realizar un ajuste para su adaptación a destino. Este hecho implica
un desvío de fondos de 618 millones de euros para el País Vasco y 260 millones
de euros para Navarra.
de estas sociedades a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
17. Adopción de medidas tendentes a penalizar los paraísos fiscales, como la
imposición de un gravamen para las operaciones con origen o destino en los
mismos.
18. Revisión del sistema de estimación objetiva por módulos, ya que da lugar a la
existencia de fraudes en dicha tributación.
19. Reforzar la figura del delito fiscal.
20. En relación con el Impuesto de Sociedades, se propone reducir los regímenes
privilegiados de tributación con la supresión de los beneficios fiscales. Así
mismo, se procederá al examen de la verdadera tributación por dicho impuesto
de las grandes sociedades, reduciendo el número de deducciones.
21. Establecimiento, a partir de un determinado umbral de patrimonio, de una
declaración censal anual sobre los bienes de las personas físicas, sin necesidad
de ingreso, a los efectos de la mejora de la gestión de los tributos.
22. Modificación de la regulación del IVA en relación con los Regímenes Forales. La
tributación del IVA en el País Vasco y Navarra se hace en origen en lugar de
hacerlo en destino, como en el resto del territorio nacional por lo que se ha de
proceder a realizar un ajuste para su adaptación a destino. Este hecho implica
un desvío de fondos de 618 millones de euros para el País Vasco y 260 millones
de euros para Navarra.
23. Mejora y introducción de medidas normativas para prevenir y combatir las
grandes bolsas de fraude fiscal existentes en nuestro país
grandes bolsas de fraude fiscal existentes en nuestro país
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
24. Ampliación del período de cómputo de los años de cotización para el cálculo
de las pensiones.
25. Mayor control de las bajas médicas y el correspondiente gasto en prestaciones
por incapacidad temporal cuyo importe supera los 7.000 millones de euros.
Revisión del sistema actual que permite compatibilizar el cobro de estas
prestaciones con el de un salario por el desempeño de un puesto de trabajo.
26. Revisión del actual sistema de bonificación de cuotas a la Seguridad Social, cuyo
coste asciende a alrededor de 3.100 millones de euros, al objeto de que
constituya un instrumento eficiente de la política de fomento del empleo. La
eficiencia del sistema ha sido puesta en cuestión, entre otros, por la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas y Calidad de los Servicios.
27. Racionalización de la estructura administrativa de la Seguridad Social tal y como
se señala en la Recomendación 7ª del Pacto de Toledo.
28. Concluir definitivamente el proceso de separación de fuentes de financiación de
forma que los complementos a mínimos de las pensiones dejen de financiarse
con cotizaciones sociales
29. Revisión de los actuales regímenes especiales de la Seguridad Social, que bajo
justificaciones históricas ya superadas, aún hoy se siguen manteniendo
30. Revisión de la regulación actual de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
de las pensiones.
25. Mayor control de las bajas médicas y el correspondiente gasto en prestaciones
por incapacidad temporal cuyo importe supera los 7.000 millones de euros.
Revisión del sistema actual que permite compatibilizar el cobro de estas
prestaciones con el de un salario por el desempeño de un puesto de trabajo.
26. Revisión del actual sistema de bonificación de cuotas a la Seguridad Social, cuyo
coste asciende a alrededor de 3.100 millones de euros, al objeto de que
constituya un instrumento eficiente de la política de fomento del empleo. La
eficiencia del sistema ha sido puesta en cuestión, entre otros, por la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas y Calidad de los Servicios.
27. Racionalización de la estructura administrativa de la Seguridad Social tal y como
se señala en la Recomendación 7ª del Pacto de Toledo.
28. Concluir definitivamente el proceso de separación de fuentes de financiación de
forma que los complementos a mínimos de las pensiones dejen de financiarse
con cotizaciones sociales
29. Revisión de los actuales regímenes especiales de la Seguridad Social, que bajo
justificaciones históricas ya superadas, aún hoy se siguen manteniendo
30. Revisión de la regulación actual de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
santi
De la casa
Sin verificar
Muy interesante amigo mío, por eso yo haría una doble auditoria, una la que ya realiza la Administración y otra realizada por una auditoria privada tipo Arthur Andersen/Coopers..., al estilo de las que deben realizar las entidades financieras, de esa manera tendríamos dos visiones de un mismo tema y seria mas difícil falsear las cifras.
santi
De la casa
Sin verificar
Uno de los grandes problemas de la economía española es que aquí sólo pagamos, por todo, los que trabajamos en alguna gran empresa y sujetos a una nómina. Raro es el sector, sobre todo entre las pymes, en el que de una forma u otra no se "deducen" impuestos....
El móvil que se aplica como gasto deducible, el coche, las facturas de los restaurantes y su IVA.....etc, etc.....
Mientras se siga viendo como un "heroe" al que defrauda y no como un villano, España seguirá siendo un "país de pandereta". Triste, pero real como la vida misma.
En fin, todos somos culpables y todos inocentes.
Que razón tienes
L
luis
Visitante
Una respuesta seria y con contenido, sí señor.
:Para que las 30 medidas se legislaran y aplicaran habría que cambiar antes muchas cosas que nadie va a cambiar, y no digo más, que me meto donde no debo.
Saludos.
C
catas
Visitante
Sigo sin estar de acuerdo con el meoyo de lo que decis. Creo que la mayoría de las opiniones van orientadas a modificar las regulaciones y normativas que existen ahora. Es verdad que alguna hay que cambiar, pero de lo que creo que no os dais cuenta es que casi todo lo que funciona mal, no lo es porque tenga una normativa reguladora que falle, sino porque, sencillamente, en España las leyes no se aplican o se aplican según convenga. FALTA SERIEDAD.
Un pequeño ejemplo de como funciona aquí la Administración: En España hay vigente una ley de contratos que regula en su mayor parte lo relativo a los contratos que celebra el Sector Público. Bien, entre otras cosas establece que una Administración Pública para que pueda celebrar un contrato tiene que tener crédito (dinero presupuestado), suficiente y adecuado, en caso contrario todas las actuaciones serán nulas de pleno derecho. La pregunta lógica entonces es, ¿como puede ser que una Administración le deba dinero a un proveedor y pueda tardar de media casi 300 días en pagar si cuando formalizó el contrato tenía que tener un dinerito guardado y reservado para pagar ese contrato? Pues porque en este país tenemos la manía de aplicar las leyes según nos convenga, aquí si hay que comprar algo, hacer una obra, lo que sea, se hace haya dinero o no lo haya, eso es lo de menos, y no importa que hacerlo sea ilegal. Pues igual que esto, todo, tanto en lo privado como en lo público. Por eso soy de la opinión de que antes de estudiar grandes reducciones del gasto, ingresos, y no se cuentas cosas más, a lo mejor, lo más importante es empezar por lo más sencillo, cumplir las leyes que nos hemos otorgado, ser un poco más serios y que este pais deje de ser el "cachondeo padre", porque así es muy dificil que funcione nada.
Un pequeño ejemplo de como funciona aquí la Administración: En España hay vigente una ley de contratos que regula en su mayor parte lo relativo a los contratos que celebra el Sector Público. Bien, entre otras cosas establece que una Administración Pública para que pueda celebrar un contrato tiene que tener crédito (dinero presupuestado), suficiente y adecuado, en caso contrario todas las actuaciones serán nulas de pleno derecho. La pregunta lógica entonces es, ¿como puede ser que una Administración le deba dinero a un proveedor y pueda tardar de media casi 300 días en pagar si cuando formalizó el contrato tenía que tener un dinerito guardado y reservado para pagar ese contrato? Pues porque en este país tenemos la manía de aplicar las leyes según nos convenga, aquí si hay que comprar algo, hacer una obra, lo que sea, se hace haya dinero o no lo haya, eso es lo de menos, y no importa que hacerlo sea ilegal. Pues igual que esto, todo, tanto en lo privado como en lo público. Por eso soy de la opinión de que antes de estudiar grandes reducciones del gasto, ingresos, y no se cuentas cosas más, a lo mejor, lo más importante es empezar por lo más sencillo, cumplir las leyes que nos hemos otorgado, ser un poco más serios y que este pais deje de ser el "cachondeo padre", porque así es muy dificil que funcione nada.
jmborja
Milpostista
Sin verificar
Totalmente de acuerdo contigo.
Trabajo en la administración y tienes razón en lo que comentas sobre el aprobar gastos no presupuestados (o en el mejor de los casos realizarlos sin ajustarse al presupuesto previo aprobado)
- Estado