Jesús
Gran Cruz al Mérito Forero
Sin verificar
Gran cruz
Nébur en comparativadebancos.com
Hasta la fecha sólo se trataba de una intuición, de una sensación que todos los ciudadanos teníamos, pero a partir de ahora es una certeza avalada por las cifras, o al menos por las cifras que maneja la Organización de Consumidores (OCU), que ha puesto sobre la mesa unas cantidades que asustan al más pintado.
Y es que según la OCU, sólo en 2010 los notarios y registradores de la propiedad cobraron a sus clientes un exceso de 93 millones de euros, obtenidos de inflar las facturas de manera fraudulenta, incumpliendo el Real Decreto Ley aprobado por el gobierno de Zapatero en el año 2007, cuyo objetivo era, precisamente, evitar estos desmanes a la hora de facturar en los procesos hipotecarios.
Con ello, el Ministerio de Vivienda, ahora integrado dentro del Ministerio de Fomento, intentaba hacer más asumibles los trámites burocráticos que conllevaba la formalización o la cancelación de una hipoteca, de manera que los ciudadanos no tuvieran que soportar una carga excesiva.
En dicho Decreto se estipulaba un precio único y fijo para la labor de notaría, independientemente del importe de la hipoteca, que ascendía a 30,05 euros, por lo que la OCU ha fijado los 70 euros como el valor máximo de una factura a la hora de cancelar un préstamo hipotecario, muy por debajo de la media que se vino cobrando durante el año 2010 que ascendió a 260 euros, es decir 190 euros de sobreprecio.
Pero lo mismo sucedió con los registradores de la propiedad que, según siempre los cálculos de la OCU, podían haber cobrado como máximo 24 euros y, sin embargo, la media de las facturas durante el pasado período ascendió a 144 euros, es decir, 120 euros de sobreprecio.
Así, en cada operación de cancelación hipotecaria un ciudadano, de media, se vino a gastar la nada desdeñable cifra de 310 euros de más, lo que sumando a las más de trescientas mil cancelaciones hipotecarias realizadas durante el pasado año 2010 nos coloca en los 93 millones de euros totales.
Lo que llama poderosamente la atención es que el Gobierno implementara un Decreto Ley que luego no se ha asegurado de si se cumplía o no por parte de los notarios y registradores de la propiedad.
Hasta la fecha sólo se trataba de una intuición, de una sensación que todos los ciudadanos teníamos, pero a partir de ahora es una certeza avalada por las cifras, o al menos por las cifras que maneja la Organización de Consumidores (OCU), que ha puesto sobre la mesa unas cantidades que asustan al más pintado.
Y es que según la OCU, sólo en 2010 los notarios y registradores de la propiedad cobraron a sus clientes un exceso de 93 millones de euros, obtenidos de inflar las facturas de manera fraudulenta, incumpliendo el Real Decreto Ley aprobado por el gobierno de Zapatero en el año 2007, cuyo objetivo era, precisamente, evitar estos desmanes a la hora de facturar en los procesos hipotecarios.
Con ello, el Ministerio de Vivienda, ahora integrado dentro del Ministerio de Fomento, intentaba hacer más asumibles los trámites burocráticos que conllevaba la formalización o la cancelación de una hipoteca, de manera que los ciudadanos no tuvieran que soportar una carga excesiva.
En dicho Decreto se estipulaba un precio único y fijo para la labor de notaría, independientemente del importe de la hipoteca, que ascendía a 30,05 euros, por lo que la OCU ha fijado los 70 euros como el valor máximo de una factura a la hora de cancelar un préstamo hipotecario, muy por debajo de la media que se vino cobrando durante el año 2010 que ascendió a 260 euros, es decir 190 euros de sobreprecio.
Pero lo mismo sucedió con los registradores de la propiedad que, según siempre los cálculos de la OCU, podían haber cobrado como máximo 24 euros y, sin embargo, la media de las facturas durante el pasado período ascendió a 144 euros, es decir, 120 euros de sobreprecio.
Así, en cada operación de cancelación hipotecaria un ciudadano, de media, se vino a gastar la nada desdeñable cifra de 310 euros de más, lo que sumando a las más de trescientas mil cancelaciones hipotecarias realizadas durante el pasado año 2010 nos coloca en los 93 millones de euros totales.
Lo que llama poderosamente la atención es que el Gobierno implementara un Decreto Ley que luego no se ha asegurado de si se cumplía o no por parte de los notarios y registradores de la propiedad.
