Kramnik
Habitual
Verificad@ con 2FA
Reproduzco aquí el original de Roberto Centeno que se puede leer en
y donde reparte para todos 
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Una canallada: "La culpa del déficit es de España":
Hoy hace una semana, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció la cifra oficial de déficit de las AAPP en 2011, calculada de acuerdo con los criterios de Protocolo de Déficit excesivo que es del orden del 70% del déficit total; una cifra que todos aquellos que nos molestamos en sumar y restar estimábamos desde julio, y el propio Montoro, porque así me lo dijo personalmente, al menos desde septiembre. Pero antes de entrar en la cifra en sí, en sus causas y consecuencias, tengo que empezar confesando mi más absoluta indignación por la inaudita introducción con la que Montoro, a guisa de mantra que repetiría por tres veces durante su intervención, quiso dejar claro que nadie es responsable: “La culpa del déficit es de España”.
Es difícil imaginar una canallada mayor -incluido su giro de 180º en la política sobre la banda de asesinos y su brazo político-, un insulto más grave a los españoles. Nos han arruinado, nos han expoliado, han destruido las esperanzas y las expectativas de toda una generación, y resulta que somos nosotros, las victimas, los culpables. Según Rajoy, porque estoy seguro que la orden partió de él, la culpa del mayor desastre económico desde la Guerra Civil la tiene la gente honrada que paga sus impuestos, la tienen los parados, los mileuristas y los pensionistas, una mayoría de los cuales ya no llega a fin de mes.
Por el contrario, la casta política parasitaria que ha colocado a dedo casi dos millones de parientes, amigos y correligionarios, que despilfarra, que nos expolia y que impide la recuperación, no tiene culpa de nada. Los irresponsables e incompetentes banqueros y cajeros, que han llevado a la ruina en solo tres años a un sector centenario y no han pagado por ello, que han hecho desaparecer el crédito arruinando así a cientos de miles de empresas y causando un daño irreparable al tejido productivo de la nación, tampoco son responsables. La culpa la tienen los parados por no poder pagar las hipotecas. Por supuesto, Zapatero y sus secuaces, que nos costaron medio billón de euros, los barones del PP -sin que Rajoy moviera jamás un dedo para evitarlo- y del PSOE, los nacionalistas y los alcaldes, que han arruinado a sus comunidades, son inocentes. “La culpa la tiene España”. Es, sencillamente, repugnante.
Un cuadro macroeconómico inaceptable
Ya en su presentación de la cifra de déficit, Montoro no explicó las causas, algo imprescindible para saber qué está pasando y que hace temer un desplome de la recaudación tributaria. En este sentido, el anuncio el martes de Esperanza Aguirre de que el déficit de Madrid, altamente representativo del conjunto de España, estaba infravalorado y que los ingresos de noviembre y diciembre iban a ser menores que los estimados para el cálculo, invita a pensar que cuando se conozcan las cifras reales de todas las CCAA el déficit computable se encuentre cercano al 9%, y no al 8,5%. Mientras, el déficit real, lo que de verdad hemos gastado de más respecto a lo ingresado, computable o no, puede estar por encima del 11%. Con un gasto público de unos 475.000 millones (122.000 en pensiones y el resto en Seguridad Social) 117.000, o un euro de cada cuatro, lo fueron a crédito.
Y así las cosas, el viernes nos enteramos de que Hacienda ha decidido retrasar un mes la publicación de los datos de recaudación tributaria, algo que confirmaría el peor de los escenarios. Así que, de momento, tenemos que tragarnos porque sí un cuadro macroeconómico en base al cual se elaborarán los presupuestos, y que es lisa y llanamente inaceptable. Y es inaceptable no solo por el descarado voluntarismo (decir que la Seguridad Social, que ya está en déficit, cerrará en equilibrio con 630.000 afiliados menos, es una tomadura de pelo) sino fundamentalmente porque se trata de un cuadro destinado a mantener intacta la juerga autonómica y el sistema financiero, y no a recuperar el empleo y la inversión.
Si en Bruselas fueran conscientes de que todo el gasto sobre el que Rajoy está dispuesto a actuar para atajar el déficit -aparte de subirnos 10.000 millones en IVA y especiales, que es lo que tienen en mente- son 60.000 millones de euros, los gastos de los ministerios y las instituciones, mientras que 235.000 millones se encuentran en manos de políticos ineptos y corruptos a los que se les ha garantizado dinero para que no quiebre ninguno y mantengan su “total autonomía política y económica”, nos echarían a patadas del euro. El Gobierno afirma que “no existen cifras mágicas”, cuando lo que no existe es voluntad para recortar y asignar correctamente los recursos públicos.
Así, Rajoy ha decidido salvar con dinero público todas las entidades financieras inviables; y, lo que es peor, no intervenir en el recorte y asignación de los dos tercios del gasto público de la nación, solo ha ordenado una reducción genérica del déficit, y si luego no cumplen (Cataluña ya ha dicho que no lo hará) nadie responderá de nada y, además, recibirá nuestro dinero para tapar el agujero.
Las alternativas de asignación de los recursos públicos
La clave del hundimiento reflejado en el cuadro macroeconómico se encuentra en el desplome de la demanda y la inversión privadas, que representan en conjunto más del 80% del PIB. En los últimos 100 días se han destinado 16.500 millones al salvamento de la CAM, 6.000 millones al incremento de capital del robo legal del FROB y están a punto de asignarse 6.500 millones entre protección de activos e impagos del FROB al salvamento de UNIM. Subtotal: 29.000 millones, y da igual que sea dinero efectivo que garantía del Estado.
El cuadro macroeconómico está destinado a mantener intacta la juerga autonómica y el sistema financiero, y no a recuperar el empleo y la inversión. El Gobierno afirma que “no existen cifras mágicas”, cuando lo que no existe es voluntad para asignar correctamente los recursos públicos
Imaginen ahora que, en lugar de ese disparate, esos recursos se utilizan para prestar a PYMES y autónomos. El crédito nuevo en 2011 se desplomó un 20%, y esa es la causa principal de la destrucción de 500.000 puestos de trabajo. Hasta un niño de primaria puede ver, que en grandes números, 29.000 millones significarían que en lugar de una caída del 20% del crédito al sector productivo éste habría caído solo un 14%, lo que en cifras aproximadas permitiría crear 150.000 puestos de trabajo. Y lo malo no son solo los 29.000 millones, es que están dispuestos a poner hasta 90.000, ya que solo Bankia podría necesitar 45.000 millones.
Pero si la asignación masiva de los recursos públicos al salvamento de cajas inviables es un disparate absoluto, su asignación al mantenimiento del despilfarro autonómico y local entra en el terreno de lo penal. Según el cuadro macroeconómico presentado, el gasto disponible para el conjunto de ministerios e instituciones, o sea España, se reduce en un 12,5% hasta los 57.978 millones, mientras que autonomías, diputaciones y ayuntamientos, incluyendo los miles de empresas públicas, disponen de más de 235.000 millones y ninguna se toma en serio los límites de gasto. Muchas CCAA han tenido la desvergüenza de subir sus presupuestos -Extremadura y otras han subido salarios y gasto corriente un 9%- y otras realizan recortes casi nulos. ¿Cómo vamos a recortar gasto sino se entra a sangre y fuego en el despilfarro autonómico y local?
Es, además, rotundamente falso que el 75% del gasto de las CCAA se dedique a Educación, Sanidad y gasto social. En conjunto, es el 50% de sus presupuestos, y además ampliamente mejorable sin bajar prestación alguna, mientras que el 36% son salarios y gasto corriente y el resto infraestructuras y despilfarro generalizado, como embajadas, leyes lingüísticas, obras faraónicas, fastos diversos, etc… Hay que añadir las empresas públicas, que con 250.000 empleados se encuentran fuera de control presupuestario. Por tanto, el recorte no solo es fácil, es imperioso. Nadie revisa el destino eficiente los recursos, y lo peor es que el Gobierno ha renunciado explícitamente a ello. Y después Rajoy afirma que el déficit no puede reducirse más que hasta un 5,8%, lo que constituye un paso tan irresponsable como innecesario hacia la helenización de España. La austeridad pública no causaría un “crack nacional”, es justo lo contrario.
Veamos porque no lo causaría: duplicidades entre AAPP, 34.000 millones, prescindibles de inmediato; diputaciones, 22.000 millones, sin apenas competencia alguna, reducible en dos tercios; empresas públicas, consorcios y fundaciones, reducción a la mitad con un ahorro de 20.000 millones; racionalización de las corporaciones locales, ahorro de 10.000 millones; subvenciones y exenciones de impuestos a sindicatos, patronal y partidos políticos, 9.000 millones. Subtotal: 88.000 millones. Y ahora que explique Rajoy a los españoles, a Bruselas y a los mercados por qué no se puede. No se puede porque en duplicidades, diputaciones, empresas públicas y ayuntamientos, están colocados cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios. Y los privilegios de la casta no se tocan.Tenemos un modelo de Estado y una casta política insostenibles, pero no están dispuestos a enfrentarse a esta realidad para acabar con ella, lo que nos pone en riesgo cierto de estallido social.
*El catedrático del IES Martínez Abascal propone otra fórmula: repetir el presupuesto 2007, "que cojan el presupuesto de ese año y rebajen todo partida por partida. La población no ha crecido y somos más pobres". El ahorrro superaría los 75.000 millones de euros.
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Una canallada: "La culpa del déficit es de España":
Hoy hace una semana, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció la cifra oficial de déficit de las AAPP en 2011, calculada de acuerdo con los criterios de Protocolo de Déficit excesivo que es del orden del 70% del déficit total; una cifra que todos aquellos que nos molestamos en sumar y restar estimábamos desde julio, y el propio Montoro, porque así me lo dijo personalmente, al menos desde septiembre. Pero antes de entrar en la cifra en sí, en sus causas y consecuencias, tengo que empezar confesando mi más absoluta indignación por la inaudita introducción con la que Montoro, a guisa de mantra que repetiría por tres veces durante su intervención, quiso dejar claro que nadie es responsable: “La culpa del déficit es de España”.
Es difícil imaginar una canallada mayor -incluido su giro de 180º en la política sobre la banda de asesinos y su brazo político-, un insulto más grave a los españoles. Nos han arruinado, nos han expoliado, han destruido las esperanzas y las expectativas de toda una generación, y resulta que somos nosotros, las victimas, los culpables. Según Rajoy, porque estoy seguro que la orden partió de él, la culpa del mayor desastre económico desde la Guerra Civil la tiene la gente honrada que paga sus impuestos, la tienen los parados, los mileuristas y los pensionistas, una mayoría de los cuales ya no llega a fin de mes.
Por el contrario, la casta política parasitaria que ha colocado a dedo casi dos millones de parientes, amigos y correligionarios, que despilfarra, que nos expolia y que impide la recuperación, no tiene culpa de nada. Los irresponsables e incompetentes banqueros y cajeros, que han llevado a la ruina en solo tres años a un sector centenario y no han pagado por ello, que han hecho desaparecer el crédito arruinando así a cientos de miles de empresas y causando un daño irreparable al tejido productivo de la nación, tampoco son responsables. La culpa la tienen los parados por no poder pagar las hipotecas. Por supuesto, Zapatero y sus secuaces, que nos costaron medio billón de euros, los barones del PP -sin que Rajoy moviera jamás un dedo para evitarlo- y del PSOE, los nacionalistas y los alcaldes, que han arruinado a sus comunidades, son inocentes. “La culpa la tiene España”. Es, sencillamente, repugnante.
Un cuadro macroeconómico inaceptable
Ya en su presentación de la cifra de déficit, Montoro no explicó las causas, algo imprescindible para saber qué está pasando y que hace temer un desplome de la recaudación tributaria. En este sentido, el anuncio el martes de Esperanza Aguirre de que el déficit de Madrid, altamente representativo del conjunto de España, estaba infravalorado y que los ingresos de noviembre y diciembre iban a ser menores que los estimados para el cálculo, invita a pensar que cuando se conozcan las cifras reales de todas las CCAA el déficit computable se encuentre cercano al 9%, y no al 8,5%. Mientras, el déficit real, lo que de verdad hemos gastado de más respecto a lo ingresado, computable o no, puede estar por encima del 11%. Con un gasto público de unos 475.000 millones (122.000 en pensiones y el resto en Seguridad Social) 117.000, o un euro de cada cuatro, lo fueron a crédito.
Y así las cosas, el viernes nos enteramos de que Hacienda ha decidido retrasar un mes la publicación de los datos de recaudación tributaria, algo que confirmaría el peor de los escenarios. Así que, de momento, tenemos que tragarnos porque sí un cuadro macroeconómico en base al cual se elaborarán los presupuestos, y que es lisa y llanamente inaceptable. Y es inaceptable no solo por el descarado voluntarismo (decir que la Seguridad Social, que ya está en déficit, cerrará en equilibrio con 630.000 afiliados menos, es una tomadura de pelo) sino fundamentalmente porque se trata de un cuadro destinado a mantener intacta la juerga autonómica y el sistema financiero, y no a recuperar el empleo y la inversión.
Si en Bruselas fueran conscientes de que todo el gasto sobre el que Rajoy está dispuesto a actuar para atajar el déficit -aparte de subirnos 10.000 millones en IVA y especiales, que es lo que tienen en mente- son 60.000 millones de euros, los gastos de los ministerios y las instituciones, mientras que 235.000 millones se encuentran en manos de políticos ineptos y corruptos a los que se les ha garantizado dinero para que no quiebre ninguno y mantengan su “total autonomía política y económica”, nos echarían a patadas del euro. El Gobierno afirma que “no existen cifras mágicas”, cuando lo que no existe es voluntad para recortar y asignar correctamente los recursos públicos.
Así, Rajoy ha decidido salvar con dinero público todas las entidades financieras inviables; y, lo que es peor, no intervenir en el recorte y asignación de los dos tercios del gasto público de la nación, solo ha ordenado una reducción genérica del déficit, y si luego no cumplen (Cataluña ya ha dicho que no lo hará) nadie responderá de nada y, además, recibirá nuestro dinero para tapar el agujero.
Las alternativas de asignación de los recursos públicos
La clave del hundimiento reflejado en el cuadro macroeconómico se encuentra en el desplome de la demanda y la inversión privadas, que representan en conjunto más del 80% del PIB. En los últimos 100 días se han destinado 16.500 millones al salvamento de la CAM, 6.000 millones al incremento de capital del robo legal del FROB y están a punto de asignarse 6.500 millones entre protección de activos e impagos del FROB al salvamento de UNIM. Subtotal: 29.000 millones, y da igual que sea dinero efectivo que garantía del Estado.
El cuadro macroeconómico está destinado a mantener intacta la juerga autonómica y el sistema financiero, y no a recuperar el empleo y la inversión. El Gobierno afirma que “no existen cifras mágicas”, cuando lo que no existe es voluntad para asignar correctamente los recursos públicos
Imaginen ahora que, en lugar de ese disparate, esos recursos se utilizan para prestar a PYMES y autónomos. El crédito nuevo en 2011 se desplomó un 20%, y esa es la causa principal de la destrucción de 500.000 puestos de trabajo. Hasta un niño de primaria puede ver, que en grandes números, 29.000 millones significarían que en lugar de una caída del 20% del crédito al sector productivo éste habría caído solo un 14%, lo que en cifras aproximadas permitiría crear 150.000 puestos de trabajo. Y lo malo no son solo los 29.000 millones, es que están dispuestos a poner hasta 90.000, ya que solo Bankia podría necesitar 45.000 millones.
Pero si la asignación masiva de los recursos públicos al salvamento de cajas inviables es un disparate absoluto, su asignación al mantenimiento del despilfarro autonómico y local entra en el terreno de lo penal. Según el cuadro macroeconómico presentado, el gasto disponible para el conjunto de ministerios e instituciones, o sea España, se reduce en un 12,5% hasta los 57.978 millones, mientras que autonomías, diputaciones y ayuntamientos, incluyendo los miles de empresas públicas, disponen de más de 235.000 millones y ninguna se toma en serio los límites de gasto. Muchas CCAA han tenido la desvergüenza de subir sus presupuestos -Extremadura y otras han subido salarios y gasto corriente un 9%- y otras realizan recortes casi nulos. ¿Cómo vamos a recortar gasto sino se entra a sangre y fuego en el despilfarro autonómico y local?
Es, además, rotundamente falso que el 75% del gasto de las CCAA se dedique a Educación, Sanidad y gasto social. En conjunto, es el 50% de sus presupuestos, y además ampliamente mejorable sin bajar prestación alguna, mientras que el 36% son salarios y gasto corriente y el resto infraestructuras y despilfarro generalizado, como embajadas, leyes lingüísticas, obras faraónicas, fastos diversos, etc… Hay que añadir las empresas públicas, que con 250.000 empleados se encuentran fuera de control presupuestario. Por tanto, el recorte no solo es fácil, es imperioso. Nadie revisa el destino eficiente los recursos, y lo peor es que el Gobierno ha renunciado explícitamente a ello. Y después Rajoy afirma que el déficit no puede reducirse más que hasta un 5,8%, lo que constituye un paso tan irresponsable como innecesario hacia la helenización de España. La austeridad pública no causaría un “crack nacional”, es justo lo contrario.
Veamos porque no lo causaría: duplicidades entre AAPP, 34.000 millones, prescindibles de inmediato; diputaciones, 22.000 millones, sin apenas competencia alguna, reducible en dos tercios; empresas públicas, consorcios y fundaciones, reducción a la mitad con un ahorro de 20.000 millones; racionalización de las corporaciones locales, ahorro de 10.000 millones; subvenciones y exenciones de impuestos a sindicatos, patronal y partidos políticos, 9.000 millones. Subtotal: 88.000 millones. Y ahora que explique Rajoy a los españoles, a Bruselas y a los mercados por qué no se puede. No se puede porque en duplicidades, diputaciones, empresas públicas y ayuntamientos, están colocados cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios. Y los privilegios de la casta no se tocan.Tenemos un modelo de Estado y una casta política insostenibles, pero no están dispuestos a enfrentarse a esta realidad para acabar con ella, lo que nos pone en riesgo cierto de estallido social.
*El catedrático del IES Martínez Abascal propone otra fórmula: repetir el presupuesto 2007, "que cojan el presupuesto de ese año y rebajen todo partida por partida. La población no ha crecido y somos más pobres". El ahorrro superaría los 75.000 millones de euros.
ME DA LA RISA)
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(Se va a Endea con el permiso explícito del actual gobierno que tiene que dárselo o no)
