Mejor no tomemos ejemplo de otros países.
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Una joven alemana de 25 años, informática en paro, se ha visto abocada a tomar una difícil decisión: aceptar un trabajo en un burdel. De no ser así, el Estado le recortará drásticamente sus prestaciones por desempleo.
La joven, cuya identidad no ha sido revelada, hizo lo que todo el mundo para buscar trabajo: envió su currículum a varias bases de datos con la esperanza de que algún empresario reparase en ella. En su historial laboral añadió como experiencia que había trabajado en una cafetería como camarera y que no le importaría repetir si era necesario. Así fue como le llegó una oferta de un «bar nocturno» cuyo propietario «estaba interesado en su perfil». Sólo al llamar por teléfono averiguó que se trataba de un burdel y el empleo incluía «servicios sexuales».
La reforma de la legislación alemana en materia de empleo establece que cualquier mujer menor de 55 años que lleve más de un año en paro está obligada a aceptar cualquier empleo, incluido la prostitución, legal en el país desde hace dos años. Quien se niegue a ello verá recortados sus derechos en materia de prestación social.
El Gobierno consideró la posibilidad de hacer una excepción con los burdeles por motivos éticos, pero a última hora decidió que sería demasiado complicado establecer diferencias entre los distintos tipos de bares. Así, un burdel puede acceder a bases de datos de aspirantes a trabajos con los mismos derechos que una clínica que busque enfermeras.
El de la informática no ha sido el único caso. Chicas que trabajaron como teleoperadoras fueron contactadas para incorporarse a líneas eróticas; a una joven de 23 años la enviaron a una entrevista para un puesto de «modelos para desnudos».
Pagan sus impuestos
Los empresarios que se dedican a la prostitución argumentan que su actividad es legal y además cumplen con sus obligaciones fiscales. Tatiana Ulyanova regenta un burdel en Berlín y se pregunta: «¿Por qué no puedo acceder a una base de datos pública si pago mis impuestos como todo el mundo?». Otro empresario pidió 12 prostitutas, pero la agencia de empleo retiró su anuncio.
En un experimento jurídico, la abogada laboralista Gloria Poyatos demuestra que las prostitutas pueden darse de alta en Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social, para ejercer su actividad con garantías fiscales y legales. En una tesina leída en la Universidad de Girona, la letrada explica como tramitar una alta como trabajadora autónoma, haciéndose pasar por una trabajadora del sexo. Os dejo el enlace y ahora toca mojarse:
